El Gobierno argentino que encabeza el presidente Javier Milei dejó de publicar información relativa a los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo contra los represores que cometieron ese tipo de crímenes durante la última dictadura militar (1976-1983).
La página oficial que reportaba los juicios, así como los acusados y las imputaciones, apareció esta semana con la leyenda: «no se encontraron audiencias», a pesar de que sí hay varios procesos en marcha.
A partir de ahora, ni la ciudadanía ni los medios de comunicación podrán saber el estado de los juicios en los que, cuatro décadas después, todavía hay cientos de acusados que deben responder por secuestros, asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones y robos de bebés, delitos que jamás prescriben.
La falta de información se debe al despido masivo de más de 15.000 trabajadores estatales, entre ellos los de la Secretaría de Derechos Humanos que manejaban el sitio de internet que se había construido con este fin.
De esta forma, muchos creen que continúan los retrocesos en políticas de derechos humanos en Argentina que comenzaron desde que Milei asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.
El personaje que lidera esos cambios es la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien proviene de una familia de militares y justifica los crímenes cometidos por la dictadura. Incluso visitaba en prisión al fallecido dictador Jorge Rafael Videla.
