El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacó la importancia de la creación del Ministerio de Justicia, al recordar que esta figura jurídica ha estado presente en el ordenamiento administrativo de la República Dominicana en ocasiones anteriores.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló que el pasado 26 de octubre del 2022, al participar en el almuerzo-conferencia por el 32 aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el presidente de la República, Luis Abinader anunció que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo inició los trabajos relativos a un proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia como órgano responsable de los asuntos administrativos.
La idea de crear un Ministerio de Justicia fue presentada en su propuesta de Gobierno por el entonces candidato presidencial Luis Abinader y forma parte de sus planes de modernización y fortalecimiento institucional de la Administración Pública.
“Al respecto, el artículo 109 de la Constitución de San Cristóbal, del 6 de noviembre de 1844, instituyó el “ministro secretario de Justicia”, al cual la Ley núm. 38, del 6 de noviembre de 1845, le confirió sus funciones”, indicó Peralta Romero durante un panel de discusión realizado en la sede de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNFHU), el pasado miércoles.
El funcionario agregó que, en 1931 mediante la Ley núm. 79 fue suprimida la Secretaría de Estado de Justicia, Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo restablecida en 1934 a través de la Ley núm. 173, que dentro de las competencias que se le otorgaron en aquel entonces se destacan la defensa del Estado en casos litigiosos, la administración de los locales para tribunales, la inspección de establecimientos carcelarios, inspección del registro de propiedad, así como organizar y reglamentar el Estado civil.
Peralta prosiguió al indicar que el 24 de diciembre de 1955 fue promulgada la ley 4177 mediante la cual se le transfieren las funciones relativas al sector trabajo a la secretaría de Justicia, pasando a llamarse Secretaría de Estado de Justicia y Trabajo.
Dijo también que es a partir del 10 de noviembre de 1964, con la ley número 485, se suprime la Secretaría de Estado de Justicia y se pasan sus atribuciones a la Procuraduría General de la República, lo cual se mantiene hasta la actualidad.
Añadió que, en la actualidad esos asuntos administrativos implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo distraen de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
Peralta Romero expresó que, como resultado de este proceso consultivo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene a la fecha un anteproyecto de ley que configura al Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo, para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia.
“En fiel cumplimiento del principio de separación de poderes previsto en el artículo 4 de nuestro texto constitucional, hemos plasmado en el anteproyecto de ley que “el Ministerio de Justicia cumplirá su objeto sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia en el ejercicio de sus respectivas funciones”, explicó el funcionario.
Peralta Romero recordó que en aquella ocasión el presidente Abinader instruyó a la Consultoría a iniciar un proceso de intercambio y consultas con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica (…) para presentar este proyecto de ley el próximo 27 de febrero en el Congreso Nacional.
Aseguró que ha dado fiel cumplimiento a la disposición presidencial, “hemos venido socializando el anteproyecto de ley con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia, con los gremios empresariales, así como también con la academia jurídica, representada por las principales escuelas de Derecho del país, dentro de las que se destaca la de esta prestigiosa Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)”.
