La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que lo envió a juicio de fondo, al considerar que la permanencia de la acusación responde más a una narrativa construida durante años que a las pruebas incorporadas al expediente durante casi seis años de investigación y proceso judicial.
Los abogados criticaron también el rechazo de la magistrada Altagracia Ramírez a su solicitud de extinción de la acción penal, al señalar que la decisión no atribuye a Guerrero Ortiz ni a sus representantes legales una sola actuación dilatoria en el conocimiento de la acusación en el juicio preliminar.
Los abogados Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez, que integran la defensa del exministro de Hacienda, señalan en un comunicado de prensa que uno de los principales pilares de la acusación ha sido la alegación de un supuesto fraude relacionado con RD$ 21 mil millones.
Recordaron que durante la fase preliminar fueron incorporadas certificaciones oficiales que establecen que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal. Explicaron, además, que el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, conforme consta en su Informe Anual 2020.
La legalidad de expropiaciones
La defensa sostiene que las pruebas debatidas durante la audiencia preliminar demostraron que los pagos realizados por concepto de expropiaciones se efectuaron dentro del marco legal, respaldados por sentencias judiciales y tasaciones debidamente autorizadas. En ese sentido, destacó que la propia jueza ordenó el pago del 20% restante de varias expropiaciones, reconociendo la existencia legítima de esas obligaciones, la validez de los montos acordados y los derechos de los reclamantes.
