Ciudadanos disconformes con el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori, convocaron este martes a través de las redes sociales a manifestaciones de repudio en el centro de Lima.
Con la etiqueta #IndultoEsInsulto, se invitó a la población a concentrarse a las 6:00 pm (hora local), tanto en la Plaza San Martín –epicentro de numerosas protestas antigubernamentales y antifujimoristas– como en la sede del Palacio de Justicia, símbolo del Poder Judicial del país suramericano.
Mientras, un puñado de seguidores de Fujimori se apostó en las inmediaciones del Penal de Barbadillo para celebrar la sentencia del TC con consignas, pancartas y música alusiva al movimiento fujimorista.
Liberación controvertida
Más temprano, tres jueces del máximo tribunal constitucional peruano convinieron en ordenar al Instituto Nacional Penitenciario del Perú y a la directiva de la cárcel de Barbadillo «la liberación inmediata» de Fujimori, en consideración a su avanzada edad y precario estado de salud.
La decisión levantó polvareda, porque echa por borda la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2022 exhortó a Lima a mantenerlo tras las rejas, para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que figuraron como causas principales de su sentencia por delitos de lesa humanidad.
Este punto de vista fue respaldado este martes por Human Rights Watch, que a través de su directora de División de las Américas, Juanita Goebertus, llamó a recordar que «la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» y advirtió que tales sentencias son de obligatorio cumplimiento. «El instituto penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo», señaló.
En el mismo espíritu se pronunció ante los medios locales el abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, quien consideró que el Estado peruano dispone de mecanismos que le permiten eludir el cumplimiento del fallo del TC en favor de Fujimori «con mérito a lo que en el derecho internacional se denomina un control de constitucionalidad».
