Medusa fortalece buena imagen independencia ministerio Público

Medusa fortalece buena imagen independencia ministerio Público

La investigación por corrupción pública conocida como caso Medusa contentiva con más de 12 mil páginas, 42 nuevos imputados y 22 empresas involucradas sin la intervención del Poder Ejecutivo es un acontecimiento en la historia judicial criolla, que anheló la sociedad dominicana por décadas.

El nombramiento del ministerio Público independiente es la razón por la cual ese y otros casos de corrupción han avanzado, porque la práctica en el pasado fue todo lo contrario: un ministerio público maniatado por el poder político, que una vez tocase a uno de sus connotadas figuras, ese poder interfería con indicaciones de lo que había que hacer.

Este expediente resulta de mayor connotación porque la cabecilla del entramado de corrupción es nada más y nada menos que el exprocurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, a quien se le acusa de alegadamente disponer de más de 6 mil millones de pesos, incluidos parte de los recursos devueltos al Estado dominicano por la empresa extranjera Odebrecht.

Se recuerda que la empresa brasileña admitió en los tribunales del país haber pagado sobornos por más de 92 millones de dólares, los cuales tuvo que devolver al Estado, parte de los cuales supuestamente fueron distraídos por los implicados en el expediente Medusa.

La separación e independencia del Poder Judicial fue un anhelo de la sociedad dominicana que, justo es decirlo ha sido honrado por el presidente de la República, Luis Abinader, una promesa que hizo en su campaña electoral para alcanzar la Presidencia.

Ese hecho provocó que República Dominicana haya sido reconocida por la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 luego de avanzar 12 puntos, colocándose entre los 10 primeros países del mundo, de acuerdo con la auspiciadora del estudio, International Budget Partnership.

Justo es reconocer que una bandera que la actual administración puede exhibir es su manejo prudente del gasto público y la definición de una política pública de transparencia y combate a la corrupción, tema que resaltaba entre los primeros como preocupación nacional en todas las encuestas que se aplicaron en el pasado.

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