La procuradora fiscal Sourelly Jáquez declaró ante medios de comunicación que en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Nido, el Ministerio Público solicita prisión preventiva y la complejidad del caso.
Jáquez afirmó que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a los 200 millones de pesos a 147 víctimas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
La solicitud de medida de coerción tiene aproximadamente 400 páginas y casi 200 elementos de pruebas (documéntales, periciales, financieras, entre otras).
Además de Jáquez, en el depósito de la solicitud de medida de coerción participaron los procuradores fiscales Andrés Mena, Emmanuel Ramírez y de la Fiscalía del Distrito Nacional, la fiscal Laura Vargas.
