En las últimas décadas el país experimenta un flujo permanente migratorio de ilegales haitianos, generando un impacto en el aspecto social, político y económico de la República Dominicana.
El país cuenta con una ley General de Migración la cual establece que la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y soberano del Estado.
Asimismo, la ley no. 285-04 destaca que la presencia de los extranjeros en territorio nacional se regula con la finalidad de que todos estén bajo condición de legalidad en el país, siempre que califiquen para ingresar o permanecer en el mismo. Asimismo, detalla que los extranjeros ilegales serán excluidos del territorio nacional bajo las normativas de esta ley.
“Concretamente a partir de la década de los 80 y que en los últimos años se ha agudizado al extremo de que está al punto de una explosión que puede tener efectos devastadores en la isla, la religión y hasta en el continente”, tal como advierte Pelegrín Castillo, presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos Dominicanos (FOPPREDOM), quien asegura que, “República Dominicana está enfrentando unos problemas migratorios que son un error de conceptualización”.
En ese sentido, destacó que el país enfrenta un “gravísimo problema internacional con implicaciones de seguridad nacional”.
Agregando que “podríamos perder muchas de las cosas que hemos asegurado si estallara aquí un escenario de conflictividad interétnica entre dominicanos y haitianos”.
Ante la ola de inseguridad del país vecino y su impacto inmediato en el país, el presidente dominicano Luis Abinader se dirigió el pasado mes de septiembre al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde aseguró que, “para República Dominicana, es una cuestión de seguridad nacional. Quiero repetirlo para que se grabe en la memoria de esta solemne sesión en el Salón de las Américas: la crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de República Dominicana”.
Pese a la ayuda internacional y de manera especial la dominicana, Haití continúa sumergido en una crisis política, social y económica debido al control que han tomado las bandas criminales en el último año, según medios locales.
Históricamente han contado con el respaldo del Estado dominicano en tiempos de crisis, sin embargo para el exministro de Energías y Minas, “los haitianos siempre han estado muy claros, ellos lo que quieren es intercambiar comercio por migración”.
Durante las primeras semanas de noviembre de 2020 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabilizó al menos 37.287 haitianas ingresando a suelo dominicano y más de 25.000 transitando durante el mes de agosto de 2021, dejando en evidencia el flujo continuo de extranjeros.
Desde el 1990 a la fecha, el país ha derogado varios decretos migratorios en busca garantizar los acuerdos internacionales y mantener el orden de la presencia extranjera destacan, entre ellos, el decreto 417-90 que dispone la regularización de jornaleros de nacionalidad haitiana, seguido del decreto número 233-91 de 1991 para la repatriación extranjeros menores de 16 años y mayores de 60 que trabajan en la caña de azúcar.
Asimismo, en el 2011 el Ministerio de Educación emitió una circular que permite la inscripción niños debidamente declarados o no, cumpliendo así con la declaración de los derechos universales del derecho a la educación.
Según un informe publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entre las características migratorias del pueblo haitiano hacia República Dominicana, se observa “uno pequeño de migrantes legales y documentados, una amplia comunidad de residentes de largo plazo que nacieron en Haití y una población trashumante de trabajadores temporales haitianos”.
En adición a esto, las manifestaciones en el país vecino generan preocupación al pueblo dominicano tal como indica el también es legislador Pelegrín Castillo que “ podemos perder muchas de las cosas que hemos asegurado si estallara aquí un escenario de conflictividad interétnica entre dominicanos y haitianos”.
El político calificó como estado fallido a la nación vecina, al tiempo que recomendó resolver con políticas internacionales, no con esquemas de negocios ni con esquemas fronterizos.
Por último expuso que “debemos ser los adversarios más radicales de una solución dominicana a los problemas haitianos, aquí y allá”, durante la conferencia sobre Política migratoria del Estado dominicano para el Centro de Investigaciones de Políticas Públicas (CIIP).
