SANTO DOMINGO.- Al paso del tiempo en la República Dominicana ha quedado distorsionada la finalidad de obras viales construidas para eliminar el tránsito vehicular a alta velocidad del centro de algunas comunidades, debido a la continua expansión sin planificación de las poblaciones.
Caso emblemático es el del municipio de Villa Altagracia, al norte del país.
Un proyecto de expansión en los años 90 de la principal carretera nacional, la Autopista Duarte, incluyó su desvío del centro de ese poblado, poniendo fin a circulación vehicular a alta velocidad que mantenía en constante riesgo la vida de los residentes.
Pero por el crecimiento de la comunidad, que sobrepasa actualmente los 100 mil habitantes, se renueva la problemática que anteriormente se pensó superada.
¿QUIEN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CONTROLAR EL PROBLEMA?
Es una situación cuya irregularidad reconoce el alcalde, José Miguel Méndez, mejor conocido como “Luis Pavolo”, pero destaca que su solución no es solo de las alcaldías sino del Gobierno Central.
Considera que la situación es aún salvable pues todavía no son tantas las casas ahora próximas al nuevo curso de la autopista.
Aboga por una política conjunta de alcaldía y los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Medio Ambiente, que incluya construcción de viviendas, preservación de áreas verdes y educación a la población “sobre el perjuicio al país de la arrabalización”.
“No buscar culpables de esas construcciones pues la mayoría están fuera de los 30 y 60 metros prohibidos pero si todos nos ponemos a una: alcaldía, Obras Públicas, Medio Ambiente y el Gobierno central con una política de desarrabalización y de concienciación a la gente, pues yo creo que serviría para el país. Eso no sería un trabajo para Villa Altagracia sino para el país”, dijo.
OBRAS PUBLICAS EXPLICA SU COMPETENCIA
El director de la Comisión Militar y Policial (Comipol) del MOPC, general Rafael Vásquez Espínola, explicó que la responsabilidad de la institución en cuanto a asentamientos humanos próximos a carreteras, se limita a que estén entre 30 y 60 metros alejados de ellas, según la ley 1474 del año 1938 sobre Vías de Comunicación.
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Esa zona es para posibilitar estacionamiento a la derecha de vehículos o para futuras expansiones de las vías.
“Si una gente construye después del derecho de vía, eso no es tema de nosotros. Lo define la ley 1474, también entra la ley 64-00 de Medioambiente y Recursos Naturales pues que hay lo que se llama un corredor ecológico, pero todo fuera de ahí es jurisdicción de los ayuntamientos”, señaló.
INTERROGANTE
La experiencia de Villa Altagracia plantea la interrogante de que pudiera ocurrir lo mismo en otras zonas del país, particularmente por el hecho de que el Estado desarrolla 8 carreteras de “Circunvalación”.
Son construidas para “descongestionar el tránsito en las ciudades; su diseño les permite a determinados conductores evitar transitar por centro de una ciudad o comunidad específica”, explico el MOPC.
Esas obras persiguen hacer eficiente el desplazamiento, ahorrar tiempo y dinero por el menor consumo de combustible pues regularmente son vías de alta velocidad.
Las autoridades aseguran que evitarán negocios y asentamientos humanos a menos de los 30 ó 60 metros de las nuevas carreteras, algo muy visto durante décadas, particularmente en la carretera Duarte, según explico la Comipol.
OTROS ASENTAMIENTOS EN EXPANSIÓN
Entretanto, en puntos de la Autopista Juan Pablo II, mejor conocida como carretera Santo Domingo-Samaná y la Autovía del Este existen asentamientos humanos que al paso del tiempo se aprecian cada vez más aproximados a estas vías.
Esas poblaciones se han configurado por el azar, sin planificación territorial alguna, como confirmaron comunitarios que hablaron para Reseñas.
Carla Rosado, residente del barrio denominado “Villa Puerto Rico”, dijo que en ese sector, ubicado en los primeros kilómetros de la carretera San Pedro de Macorís-Romana, dijo que ese barrio se conformó tras el expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) repartir solares.
Señaló que carecen de servicio de agua, luz y que hay una alta población de nacionales haitianos. Demandan también un puente peatonal.
Otro residente de ese sector, José Reyes, además de destacar la falta de agua y luz, también expuso que los terrenos fueron otorgados por “el gobierno de Hipólito” y no son titulados, sino que tienen “declaración de mejora”.
Juan Alexandro Medina de los Santos y José Gabriel Castillo, residentes en el sector “Brisa de las Américas”, localizado a la altura kilómetro 3 de la autopista Juan Pablo II, denunciaron que esta comunidad, “de 21 años de fundada”, es “atropellada” con desalojos; pero rechazaron ser invasores de terrenos.
