El pasado sábado el Ministerio Público a través de la unidad de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), realizó una serie de apresamientos a ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina, denominada operación Calamar.
El órgano persecutor detalla en su orden de allanamiento que el expresidente de la República, Danilo Medina, instruyó a funcionarios cercanos durante una reunión privada recaudar fondos provenientes del Estado para las campañas políticas de la organización morada en beneficio de su delfín, tanto las primarias abiertas de 2019, donde fue elegido como candidato presidencial Gonzalo Castillo en detrimento de Leonel Fernández (entonces presidente del PLD), y la contienda general del 2020.
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El sistema fraudulento logró sustraer un total de 31,147,053,422.15 mil millones de pesos mediante sobrevaluaciones y expropiaciones de 25 terrenos ubicados en diferentes puntos del país, entre ellos, Santo Domingo Este, La Altagracia, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, La Romana y la provincia Sánchez Ramírez.
Mediante extorsión al ingeniero Bolívar Ventura, los imputados Donald Guerrero y José Ramón Peralta lograron que este entregue la suma de RD $527,694,838.00, constituyendo según el Ministerio Público, una estructura de soborno a raíz de las deudas pendientes contraídas con el ingeniero Ventura basadas en contratos anteriores a sus empresas; Tolteca, Construcciones y diseño RMN y Consorcio Tecnológico CTC.
Mientras que, valiéndose de Víctor Encarnación, director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), distrajeron montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas sustentadas como un reconocimiento de deuda,la cual nunca fue presentada por su constructor y “realizadas sobre una volumetría inexistente”.
Para completar el ciclo debido a la limitaciones de la ley de compras y contrataciones la mayoría de las operaciones fueron presentadas con fecha de 2018 pese a ser ejecutadas en el 2019, de acuerdo al PEPCA, para poder justificar el pago como deuda pública y pasar desapercibidos.
El entramado operación Calamar constaba de una caja chica, es decir el Estado domincano, para realizar sus maniobras y compra de voluntades, cuyo esquema se valió de la colaboración del entonces administrador del Banco del Reservas, Simón Lizardo, quien a su vez, delegó dicha ejecutoria al contralor de la entidad, Andrés Guerrero, dando inicio “a la operación de lavado más grande cometida en menor tiempo”, en contra del Estado dominicano.
En términos prácticos, Ventura debía recibir el pago de al menos 30 obras construidas desde la OISOE para justificar “el pago a través del reconocimiento de de deudas por trabajos adicionales”.
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Pagos que a su vez, en su primera entrega se realizaron mediante transferencias electrónicas, otras en efectivo con un monto de RD$ 50,000,000,00 y llevadas a las instalaciones de la OISOE para ser entregadas a Francisco Pagán director, seguido a Donald Guerrero y que terminaron en manos de José Ramón Peralta.
A la fecha por la distracción de fondos de forma ilícita se encuentran detenidos el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, Gonzalo Castillo ex aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Daniel Omar Caamaño, el abogado Ángel Lokward y otros 15 implicados.
